contexto

El año 2023 ha estado marcado por una profunda crisis política desencadenada por la negativa de las élites conservadoras y el llamado pacto de corruptos a reconocer su derrota en las elecciones celebradas en junio y las sucesivas maniobras para desestabilizar el país e impedir que el binomio presidencial electo tomara posesión de su cargo, aunque finalmente la resistencia pacífica de los pueblos originarios, las acciones de la población y el apoyo de la comunidad internacional consiguieron mantener a salvo la democracia cumpliendo así con la voluntad que el pueblo expresó en las urnas.

Estos cambios son esperanzadores pero el camino no será fácil y el nuevo Gobierno debe enfrentar grandes retos: la desigualdad y la injusticia social que generan grandes bolsas de pobreza ( 61% de las personas en pobreza multidimensional); la violencia y la inseguridad que afectan a una gran parte de la población, especialmente mujeres, niñas y niños; la debilidad de las instituciones públicas con pocos recursos y deslegitimadas porque no dan respuesta a las necesidades de la población; los eventos climáticos extremos con sequías e inundaciones recurrentes y conflictos con grandes empresas por la defensa del territorio que siguen obligando al desplazamiento forzado de muchas comunidades.

A pesar de ser la economía más grande de Centroamérica, el país padece uno de los niveles de desigualdad más altos. La mitad de la población se reconoce como indígena y perteneciente a los pueblos maya, garífuna y xinca, esta diversidad lo hace un país de una riqueza humana inmensa y de una identidad cultural propia sin embargo las tasas de pobreza y desnutrición crónica se elevan a casi el 80 por ciento en áreas mayoritariamente indígenas, donde el gasto público y el acceso a servicios sociales es la mitad que en áreas no indígenas. Los pueblos indígenas tradicionalmente tienen menos voz en la toma de decisiones a nivel nacional y departamental por lo que tienen un acceso desigual a la atención médica, las oportunidades educativas, los alimentos nutritivos y el empleo.

En 2023 había 5,3 millones de personas con necesidades humanitarias. Entre junio y agosto, 4,3 millones de personas estuvieron en crisis de seguridad alimentaria. Esta situación se exacebó por el impacto negativo del fenómeno meteorológico de El Niño, el aumento de precios de combustibles, fertilizantes y de la Canasta Básica Alimentaria, incrementando en un 32% la desnutrición aguda en niños y niñas en comparación con 2022. Esta situación puso en riesgo la vida de los menores de cinco años, afectando también a las mujeres embarazas y las personas mayores. Guatemala ocupa el 6º lugar a nivel mundial con el porcentaje más alto de desnutrición crónica en niños menor es de 5 años (46,5%)

En el ámbito de la salud, ha sido un año particularmente crítico. La desnutrición aguda ha mostrado un aumento significativo, se ha observado un incremento en las muertes maternas, con una alta proporción debida a complicaciones obstétricas y ha habido un aumento notable en los casos de dengue, con un incremento del 178% en comparación al año anterior.

Los más vulnerables a las crisis de salud son las poblaciones indígenas, aquellos que viven en zonas fronterizas aisladas, mujeres adolescentes embarazadas, niños menores de cinco años, personas con enfermedades crónicas, adultos mayores y personas con discapacidad, que son especialmente susceptibles a los efectos adversos del fenómeno del Niño y a enfermedades como el dengue. Los migrantes que transitan por Guatemala están expuestos a un mayor riesgo de contraer enfermedades infecciosas, como el VIH/SIDA, la tuberculosis, el dengue y la malaria. Esto se debe a la falta de acceso a servicios de atención médica primaria y al agua potable, así como a la violencia física y sexual y la explotación laboral.

La situación de violencia e inseguridad sigue impactando a miles de personas, las muertes violentas se incrementaron un 6,7% con respecto al año anterior, llegando a una tasa de 17,3 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de la región de Centroamérica. Aunque ciertos indicadores de seguridad han mejorado, la violencia ejercida por el crimen organizado y las pandillas deja enormes cifras de delitos , extorsión, reclutamiento forzado y actividades relacionadas con el tráfico de drogas, incrementando las necesidades de protección de la población, especialmente de las mujeres, niñas, niños y adolescentes ( se calcula en 2,9 millones de personas con necesidades de protección).

La violencia, en sus diferentes manifestaciones, afecta desproporcionadamente a las mujeres, las niñas y las adolescentes. Hay un repunte en los casos de violencia basada en el género (42.211 denuncias), los feminicidios y muertes violentas de mujeres (400 víctimas) y las desapariciones (5 mujeres por día). Los recursos para atender y proteger a las víctimas/sobrevivientes son escasos y de difícil acceso lo que dificulta a las mujeres romper con el ciclo de la violencia y las expone a más riesgos de seguridad.

La población migrante cada vez debe enfrentar mayores riesgos para ejercer sus derechos, tanto en el tránsito hacia el norte, donde las rutas cada vez son más peligrosas como en el retorno. Las políticas de control y “criminalización” de la migración aplicadas por EEUU y México se llevan a cabo también en Guatemala, donde la población migrante cada vez es mayor (2.213 personas ingresaron cada día en el país desde Honduras en septiembre de 2023) y enfrenta más riesgos y limitaciones para atravesar el país. Las necesidades de protección son mayores también para las 79.697 personas retornadas de manera forzosa en 2023, casi un 20% menores.

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NUESTRO TRABAJO EN 2023

Se trabaja en el país desde 1994, cuando la organización brindó asistencia y acompañamiento a las primeras personas retornadas, refugiadas guatemaltecas en México. Actualmente está presente en los departamentos de Alta Verapaz, Chiquimula, Guatemala, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango e Izabal, en alianza con los servicios públicos de salud a los que fortalece con capacitación del personal, mejora de equipamientos en los centros de salud y apoyo a los sistemas de información sanitaria.

La actividad se centra en el fortalecimiento de la salud pública, con un enfoque de género y derechos humanos. Actualmente se esfuerza en garantizar el derecho a la salud de las personas migrantes en tránsito, retorno, solicitantes de asilo y desplazadas internas forzadas (incluyendo a niños, niñas y adolescentes no acompañadas); de las víctimas y sobrevivientes de violencia basada en género; de la población afectada por la inseguridad alimentaria y la malnutrición; y de la población afectada por emergencias climáticas.

Se trabaja con las comunidades para fortalecer sus mecanismos de prevención y actuación ante las crisis de inseguridad alimentaria y la malnutrición.

En consorcio con otras organizaciones del sector de protección personal, se presta atención en salud física, mental y psicosocial en lugares estratégicos de cinco departamentos, en los que también se llevan a cabo actividades de sensibilización con la población e incidencia con las autoridades.

Con las acciones de información y sensibilización llegamos a más de 100.000 personas.

Se ha hecho un importante esfuerzo para fortalecer las acciones en salud mental y apoyo psicosocial, tanto para el personal de salud que sigue expuesto a un estrés adicional, como con la población afectada por situaciones de violencia de género, niñas, niños y adolescentes migrantes o retornados no acompañados y familias migrantes.

Se ha brindado atención en salud y apoyo psicológico a más de 9.000 personas migrantes hacia el norte para buscar una vida digna. Se ha incrementado el trabajo con la población migrante con necesidades de protección internacional y retornada, ampliando nuestra red de alianzas con organizaciones locales.