La prostitución y, específicamente, la trata con fines de explotación sexual son consideradas por los organismos internacionales y estatales como una grave vulneración de los Derechos Humanos y como una manifestación de violencia extrema que atenta contra diferentes derechos. Ambas constituyen, según Naciones Unidas, una forma específica de violencia contra las mujeres y las niñas que se asienta en la desigualdad de género estructural y en las relaciones de dominación y explotación que los hombres ejercen sobre las mujeres. Las niñas y adolescentes explotadas sexualmente se enfrentan a situaciones de vulneración de derechos que se agravan con las lagunas en el sistema de protección, especialmente en lo relativo a la detección, identificación y valoración del riesgo de las niñas y adolescentes explotadas. La trata es, por tanto, indisociable a la prostitución y como tal se debe actuar de manera complementaria en ambas realidades. Por ello, MdM adopta un posicionamiento político abolicionista frente a la prostitución. Este posicionamiento aspira a erradicar el sistema prostitucional -industria del sexo y proxenetismo-, así como las relaciones de subordinación y dominación sexual, la explotación, la violencia contra mujeres y niñas y la desigualdad de género.
Esta realidad interpela a los diferentes actores, públicos y privados para tratar de garantizar alternativas económicas y sociales justas, ya que muchas mujeres han llegado a estas situaciones y se mantienen en ellas por falta de una alternativa real y viable para cubrir sus necesidades y las de las personas a su cargo. En Médicos del Mundo se trabaja desde hace 30 años desde la incidencia política, la sensibilización social y la intervención con titulares de derechos, para contribuir a la erradicación de toda forma de explotación sexual reclamando la oferta de alternativas reales que permitan a las supervivientes abandonar los contextos de prostitución.
En 2023 se han atendido a un total de 15.259 personas en situación de prostitución: 93%, 14.190 mujeres cis, 5%, 764 mujeres trans y 2%, 305 hombres cis.
En cuanto al Plan de Inserción Socio-Laboral para mujeres y niñas víctimas de explotación sexual, trata y en contextos de prostitución 2022-2026 (Plan ISL), se ha atendido al menos a 12.911 mujeres Las nacionalidades más representadas son la colombiana con el 40% (5.164), seguida de la dominicana y la brasileña con el 10% (1.291), la venezolana 7% (903), rumana 4% (516), y nigeriana y marroquí con el 2% (258). El 4% (516 mujeres) de las personas atendidas fueron españolas.
Por otro lado, de las 7.512 mujeres que nos han facilitado su situación administrativa, el 42% declara hallarse en situación administrativa irregular.
Se ha estado presente con tres programas en 16 comunidades autónomas y en 21 ciudades: Andalucía (Almería), Aragón (Zaragoza), Asturias (Oviedo), Canarias (Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife), Cantabria (Santander), Castilla-La Mancha (Toledo y Albacete), Catalunya (Barcelona), Castilla y León (Valladolid), Extremadura (Cáceres), Madrid, Comunidad Valenciana (Valencia), Euskadi (Bilbao), Galicia (A Coruña y Vigo), Illes Balears (Palma de Mallorca e Ibiza), La Rioja (Logroño), Navarra (Pamplona) . Médicos del Mundo antes del Plan tenía un programa basado sobre todo en el acercamiento a espacios de prostitución e intervención sociosanitaria en centros fijos en 13 Comunidades Autónomas, por lo que se ha ampliado tanto la territorialidad como los servicios que se ofrecen en cada región.
El Plan Operativo Interministerial para la Protección de los Derechos de las Mujeres Víctimas de Trata, Explotación Sexual y Prostitución (2022-2026), Plan Camino, reúne y sistematiza diferentes medidas de política pública necesarias para proteger y garantizar de forma efectiva los derechos de las mujeres víctimas de trata, explotación sexual y en contextos de prostitución, incluyendo medidas dependientes de diferentes ministerios y ámbitos del Gobierno. Entre las medidas figura el Plan de Inserción Sociolaboral para Mujeres y Niñas Víctimas de Trata, de Explotación Sexual y para Mujeres en Situación de Prostitución (2023-2026) (Plan ISL), con los objetivos principales de reforzar los derechos humanos de las víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en situación de prostitución, mediante la autonomía económica y habitacional, facilitando el acceso al empleo digno y regulado, a la vivienda, a la atención social y sanitaria y a la recuperación integral; y garantizar la asistencia y la recuperación integral a las niñas y adolescentes víctimas de trata y explotación sexual tuteladas. Aprobado por el Gobierno de España en 2022, está destinado a mujeres, adolescentes y niñas víctimas de trata y explotación sexual y mujeres en situación de prostitución. En concreto, nace con el espíritu de garantizar alternativas económicas y sociales justas y conseguir la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de trata, explotación sexual y en contextos de prostitución. También busca que se recuperen del impacto y las secuelas que la prostitución ha dejado en su salud física y mental, mientras adquieren mayores niveles de empoderamiento y autonomía.
El plan consta de tres programas o ejes de desarrollo:
Para su implementación, se cuenta con la participación de cinco organizaciones sociales especializadas que aportan experiencia, conocimiento e intervención directa con supervivientes de trata con fines de explotación sexual y mujeres en situación de prostitución, Médicos del Mundo, Fundación Cruz Blanca, APRAMP, Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) y Obra Social de Adoratrices en España (Fundación de Solidaridad Amaranta y Congregación Religiosa de Adoratrices).
Médicos del Mundo fue seleccionada como una de las entidades ejecutoras por varias razones de peso: sus 30 años de amplia experiencia de trabajo, su extensa implantación territorial, su estrecha coordinación con redes y foros nacionales e internacionales, su misión basada en la garantía efectiva del derecho a la salud y su firme compromiso con la abolición de toda forma de explotación sexual.
El plan cuenta con un protocolo de coordinación entre las cinco entidades impulsoras y el Ministerio de Igualdad, clave para la ejecución eficaz y sin solapamientos de las entidades en todo el territorio.
En 2023 se han realizado intervenciones con 12.911 mujeres en todo el territorio, donde se ofrece una atención integral.
La incorporación del perfil jurídico profesional en los equipos ha permitido poner en marcha el área de apoyo jurídico y asesoramiento legal del programa, ofreciendo a más de 2.700 mujeres una atención especializada en aspectos jurídico-administrativos, pero también jurídico-penales, desde una mirada que pone el foco en el acceso a derechos y servicios.
Las áreas de intervención han sido la administrativa, penal, familiar y extranjería, ésta última por la situación de irregularidad administrativa, un factor determinante que incrementa las vulnerabilidades y situación de indefensión en el aspecto socioeconómico de las mujeres.
Respecto al proceso de identificación orientado al reconocimiento como víctima y reparación de los daños sufridos, la intervención ha sido esencial en cuanto a la preparación de la entrevista con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para la aplicación de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social: Artículo 59 bis y el acompañamiento tanto en esa entrevista como para asegurar la aplicación de medidas que garanticen el bienestar de las víctimas/supervivientes.
La cuestión de extranjería ha requerido una intervención especializada en materia de información y asesoramiento sobre diferentes aspectos como recursos, permisos, generales, tramitación de la nacionalidad, asilo o refugio.
Durante los acercamientos y la intervención, los equipos de MDM pueden detectar indicios compatibles con situaciones de explotación sexual o trata con fines de explotación sexual. La detección se convierte entonces en un proceso, y no en un momento único en que se identifica un número determinado de indicadores dentro de una lista de comprobación. En muchos casos, las mujeres quieren alcanzar un proyecto de vida, pero las violencias sufridas pueden ser asumidas como parte de este itinerario por lo que se dificulta el que se autoidentifiquen como víctimas. Por eso es importante un enfoque centrado en la persona, es sus necesidades y en su estado de salud, teniendo en cuenta sus circunstancias y el contexto, permitiendo espacios de recuperación física, psicológica y emocional
Del total de mujeres atendidas, se han detectado indicios de trata con fines de explotación sexual o indicios de explotación sexual en 390 mujeres (97% cis y 3% trans). Las nacionalidades mayoritarias fueron la colombiana (43%), paraguaya (15%), nigeriana (10%), brasileña (5%) y peruana (5%).
Además, se ha conseguido la habilitación de nuestra entidad para elaborar informes de detección que puedan contribuir a los procesos de acreditación administrativa de víctimas de trata en 11 de las 16 Comunidades Autónomas donde se desarrolla el Plan ISL.
Para el desarrollo de estos procesos se estableció una hoja de ruta en empleabilidad que responde a un diseño fijo que se implementa en cada localización, pero, a su vez, se trata de una herramienta flexible, consensuada, que en el plano de la intervención se adapta a los ritmos y necesidades de las mujeres, así como a las casuísticas de las localizaciones en que se implementa el plan y a las diferencias contextuales entre las mismas.
Durante el año 2023, 871 mujeres han iniciado formación pre laboral donde se identifican áreas de mejora, se empiezan a establecer objetivos y sirve de base del itinerario.
Como parte de esta andadura, dentro de la fase pre laboral, se cuenta con 54 Grupos de Apoyo y Búsqueda de Empleo, cuyo objetivo es el refuerzo de competencias en empoderamiento, pre laborales y el acompañamiento psicoterapéutico grupal. Son la base del programa y en ellos han participado 470 mujeres.
En la fase de Formación técnica cualificada, las personas que acuerden con la orientadora laboral acciones concretas con vistas a mejorar sus competencias profesionales, siempre en base al ajuste entre el objetivo profesional y el mercado laboral y a su recogida en un Itinerario Formativo Personalizado, tienen acceso a realizar formación técnica para el empleo, certificados de profesionalidad u otro tipo de formaciones. La formación técnica cualificada cuenta con acompañamiento continuo durante todo el proceso y coordinación constante con la entidad o empresa formadora. Así, 383 mujeres han participado en 83 formaciones técnicas cualificadas: 16 certificados de profesionalidad, 55 formaciones técnicas, 9 formaciones para la adquisición de competencias transversales, 2 formaciones profesionales y 1 Postgrado Universitario.
Se ha establecido coordinación con más de 70 entidades y empresas públicas, privadas y público-privadas y se han firmado convenios de formación y/o prácticas con grandes empresas y federaciones empresariales como Grupo Eulen, Carrefour, Asociación de Industrias Cárnicas del Principado de Asturias, Mercamadrid, Mercasturias, Alimerca o Alcampo.
A lo largo del año, se ha acompañado en 217 procesos de inserción en el mercado laboral en los que se ha conseguido que 209 mujeres se hayan sumado al mercado laboral.
Un total de 630 profesionales se han formado a lo largo del año, procedentes de 90 centros residenciales del sistema de protección y/o colegios profesionales relacionados con la temática.
278 menores procedentes de 21 centros de referencias han participado en 82 sesiones de los talleres de prevención frente a la explotación sexual a menores. Estos talleres, con 5 sesiones formativas como mínimo cada uno, se realizaron en 7 Comunidades Autónomas: Aragón, Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Extremadura, Castilla la Mancha, Castilla León y Navarra.
Se ha hecho entrega de más de 350.000 unidades de material preventivo y de higiene íntima (preservativos masculinos y femeninos, lubricantes, gel íntimo, esponjas vaginales, barrera bucal, toallitas húmedas y productos de aseo personal).
Se han realizado más 11.500 intervenciones de información, orientación, derivación y acompañamiento al sistema público de salud (atención primaria, urgencias, IVE, sistema nacional/autonómico de salud, unidades de drogodependencias…) y educación para la salud (ITS, IVE, anticoncepción...).
Más de 4.500 intervenciones realizadas por los equipos se han dirigido a la obtención de la tarjeta sanitaria.
Se han realizado más de 16.000 intervenciones de información, orientación, derivación y acompañamiento al sistema de protección social (ingreso mínimo vital, rentas mínimas, ayudas vivienda...)
Se han atendido a más de 350 mujeres en terapia psicológica, más de 150 mujeres han recibido apoyo psicológico en situaciones de crisis y más de 2.000 mujeres ha recibido atención psicosocial.
Además, se han desarrollado 69 talleres grupales sobre gestión del estrés, autodefensa, hábitos saludables y salud integral a 331 mujeres.
En el restablecimiento físico, psicológico y social de una persona titular de derecho es necesario que las necesidades más básicas estén cubiertas, como también las medidas en materia de seguridad y protección. Sin embargo, muchas mujeres se ven confrontadas a situaciones en las que encuentran graves dificultades en el acceso y/o mantenimiento de la vivienda, asumiendo gastos excesivos que les dificulta mucho poder cubrir otras necesidades esenciales, viéndose obligadas muchas veces a vivir en casas inseguras y/o con importantes carencias de habitabilidad o en situación de hacinamiento grave.
Las trabajadoras sociales acompañan individualmente a lograr el acceso a la vivienda a través de ayudas locales u autonómicas y otras entidades o centros con plazas de alojamiento según la casuística de los distintos perfiles.
Se han puesto en marcha varias alternativas habitacionales para ampliar la disponibilidad de recursos existentes (muy escasa en España) para hacer frente a casos de emergencia, necesidad sobrevenida o que necesitan una solución habitacional como paso previo a la salida de prostitución e incorporación al programa de recuperación y refuerzo de las capacidades sociolaborales.
Durante el año 2023 hemos abierto 6 recursos de alojamiento: 3 en Madrid, 1 en Menorca y 1 en Asturias mediante un convenio con la ONG Provivienda, especializada en derecho a la vivienda y la gestión de recursos habitacionales. Se trata de viviendas de autonomía con capacidad para tres personas cada una y una estancia media de 3 a 6 meses. Estos recursos han acogido en Asturias a 3 mujeres, en Madrid a 8 mujeres y 5 menores, además se ha cubierto otros recursos de alojamiento (hotel, pensión, etc.) a otras dos mujeres, una de ellas con una menor. Por último, en Menorca se han alojado a dos mujeres, aunque no en el marco del Plan ISL.
La investigación tenía como objetivo el ámbito de la adecuación de la atención a mujeres migrantes en situación de prostitución y se ha enmarcado en la Investigación Acción Participativa que busca la transformación social de una problemática desde la reflexión y acción de las personas a las que les afecta. Las actividades se han llevado a cabo en cuatro comunidades autónomas, alcanzando a 238 profesionales de servicios sociales y 98 mujeres migrantes en situación de prostitución. La investigación ha obtenido el premio del jurado del II Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Inclusión Social de la Cátedra de inclusión social de la UNED.
Las mujeres participantes comentaron que sienten miedo e inseguridad cuando acceden a los servicios sociales, debido, sobre todo, a las experiencias negativas en cuanto al trato superficial recibido en la atención y a la percepción de sentir un trato discriminatorio (estigma de la prostitución, racismo y/o transfobia). Por su parte, la mayoría de profesionales de los servicios sociales declara no tener suficientes o adecuadas competencias para trabajar con mujeres migrantes en situación de prostitución.
A raíz de la investigación se ha elaborado una Guía La aceptabilidad en los servicios sociales. Guía de recomendaciones para la mejora de la atención integral a mujeres migrantes en situación de prostitución con el objetivo de generar una propuesta de atención integral que se adapte a las necesidades de las mujeres migrantes en situación de prostitución que acuden a los servicios sociales.
Los resultado del proyecto han contado con un amplia difusión: 152 profesionales de servicios sociales, recursos públicos y entidades sociales asistieron a la jornada de cierre del proyecto; 8.860 personas recibieron las recomendaciones mediante canales de comunicación o bien asistencia a seminarios, jornadas y encuentros, y se han transmitido las recomendaciones a cuatro responsables de políticas sociales en el ámbito autonómico.
A través de talleres se ha trabajado la desincentivación de la demanda de prostitución con 555 menores, 30 asociaciones y 95 personas integrantes de organizaciones de la sociedad civil. Además, se ha abordado la prevención de la trata con fines de explotación sexual y se ha trabajado con 270 personas integrantes de asociaciones de la sociedad civil y con 364 estudiantes de formación profesional y ámbito universitario.
Desde la educación transformadora se ha identificado la necesidad de trabajar en la prevención de la prostitución y trata con fines de explotación sexual a través de la sensibilización de la población joven, consumidores de prostitución y potenciales futuros consumidores de prostitución.
A finales de 2023, se realizó una encuesta en la que se preguntaba a las mujeres en situación de prostitución respecto a la satisfacción con diferentes aspectos de la intervención: el 74% afirmó sentirse satisfecha o muy satisfecha con el apoyo psicológico recibido así como con el apoyo emocional, el 83% declaró sentirse satisfecha con el apoyo para recibir atención sanitaria, el 79% se sintió satisfecha con el apoyo jurídico y el 77% se sintió satisfecha con el apoyo recibido durante el proceso de acreditación como víctima de trata.
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